Los mexicanos de hoy, sobre todo el pueblo, deben saber que existen derechos fundamentales para todos, fruto de la revolución de 1910, dos de ellos son los artículos octavo y noveno, promulgados junto con otros derechos en la Constitución Política de 1917, que rige aún nuestra nación. Y quiero hablar sobre estos dos temas, porque veo alarmantemente que el actual gobierno está atentando contra ellos, apoyándose mediáticamente (gracias al poder que ostenta) para que el mismo pueblo le aplauda sus acciones, lo cual es peligroso.
El pasado 5 de febrero se celebró el CII aniversario de la promulgación de nuestra constitución, en el emblemático Teatro de la república de Querétaro, en el que desfilaron en el pódium todos los altos funcionarios, encabezados por el titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, y en el que todos enaltecieron nuestra Carta Magna, los derechos fundamentales establecidos en ella como logros revolucionarios, sin embargo, a más de un siglo, nuestra constitución ha sufrido 700 reformas, que arreciaron a partir del sexenio de Miguel de La Madrid (época de la implantación del neoliberalismo que poco o en nada a favorecido al pueblo). En la celebración se habló de hacerle más reformas; López Obrador reconoció que la Constitución actual, "es una Constitución con gran dimensión social", pero, a pesar de ello, habló de la posibilidad de crear una nueva.
Cabe cuestionarse, ¿de qué sirve tanta exaltación en el discurso, si en los hechos lo que vemos es un vil atropello a los derechos por parte de la clase gobernante? No es nuevo el tema, pero con el actual gobierno ha recrudecido la violación a los derechos constitucionales. López Obrador ha vociferado en infinidad de tribunas, que su gobierno no entregará dinero ni apoyos a organizaciones sociales ni a la sociedad civil, con el argumento de que los recursos no llegan al 100 por ciento a su destino por culpa de los dirigentes, por apropiarse de una parte para enriquecerse. El centro de sus ataques ha recaído en el Movimiento Antorchista Nacional, que es una organización legal y que su trabajo ha consistido en organizar al pueblo marginado, que sufre los estragos de la pobreza y que a lo largo de 45 años le ha demostrado los resultados de su gestión y lucha ganando obras y servicios básicos en su beneficio.
Ante los ataques directos del presidente, los medios de comunicación han salido a replicar dicha inquina, publicando notas, opiniones y reportajes en su contra; sin embargo, ante la falta de pruebas, porque ningún recurso económico de gobierno (ya sean de obras y servicios o de apoyos de programas sociales del nivel de gobierno que sea) pasa a manos de los líderes antorchistas, y eso lo saben bien los funcionarios públicos. Por lo tanto, sólo ha quedado en calumnias y difamaciones dichos ataques del gobierno y demás. Pero, y entonces ¿por qué se ataca a una organización legal amparado por la constitución? ¿No es un delito la difamación, y peor aún salido del propio presidente? En el país no existe otra organización tan grande y exitosa como la antorchista. Los frutos de su lucha han ganado la simpatía de millones de mexicanos; claro está que la clase en el poder no ve favorable el desarrollo del antorchismo porque sus fines son otras que no coinciden con los fines de los antorchistas. Por eso intentan por todos los medios detener su crecimiento, intentan impedir que más mexicanos se unan a la gran masa organizada de los antorchistas.
¿Qué estrategia usa el actual gobierno para detener su crecimiento? En primer lugar, apoyándose de todo el aparato mediático: la difamación. Lanzando mentiras viles en su contra a la población mexicana con el propósito de que el pueblo acepte lo que dice el gobierno y rechace al antorchismo. ¿Qué papel deben jugar no sólo los ya organizados, sino el pueblo en general, ante tales acciones mezquinas? Es necesario que los mexicanos reaccionen a tiempo, porque el delito que está cometiendo López Obrador, es violar el artículo 9 de la Constitución, el derecho a organizarse, y obviamente el artículo 8, nuestro derecho de petición. Derechos elementales que el constituyente de 1917 muy acertadamente dejó como legado al pueblo. Porque ante los hombres con poder económico, se vuelven soberbios e insensibles, y ante un gobierno plutocrático (así ha sido siempre) estos artículos son armas de defensa para los pobres y para hacerse respetar.
¿Qué otra estrategia utiliza el presidente? Hoy vemos cómo el presupuesto de los mexicanos, lejos de invertirse en obras y servicios básicos para sacar de la marginación a los pueblos, está repartiendo dinero a diestra y siniestra, comprando conciencias y votos. Le advertimos a los mexicanos que, con esta acción, intenta pulverizar la unidad del pueblo y que desprecie sus derechos individuales establecidos en la Carta Magna. Ante esta situación debemos de ver y sentir como una agresión en contra de nuestro legado que nos otorgaron los hombres valientes que se arrojaron sin miedo durante la revolución mexicana. Antorcha los está defendiendo, pero es necesario que todo el pueblo lo haga también lo antes posible, porque después será demasiado tarde.
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