• La falta de apoyos y precios justos afecta a millones de campesinos y vulnera la soberanía alimentaria nacional
El campo mexicano atraviesa una crisis profunda que no es reciente ni casual, sino resultado de décadas de abandono institucional y de un modelo económico que ha privilegiado otros sectores productivos por encima de quienes producen los alimentos del país.
Esta situación afecta directamente a millones de campesinos, jornaleros y pequeños productores que, a pesar de su importancia estratégica, enfrentan condiciones cada vez más difíciles para subsistir.
El campo mexicano no puede seguir siendo ignorado: Garantizar su desarrollo es fundamental para el bienestar del país y para asegurar el acceso a alimentos para toda la población.
En regiones agrícolas como Calvillo, Aguascalientes, donde la producción de guayaba es una de las principales actividades económicas, los productores viven una realidad contradictoria: mientras su trabajo sostiene parte de la economía local, sus ingresos no reflejan el esfuerzo invertido.
Los costos de producción —fertilizantes, agua, transporte, mano de obra— han aumentado considerablemente en los últimos años, pero los precios de venta de los productos se mantienen bajos o inestables.
De acuerdo con datos del Inegi y del SIAP, el sector primario en México presenta altos niveles de vulnerabilidad, especialmente entre pequeños productores que carecen de acceso a financiamiento, tecnología y mercados justos. Esto provoca que el campo no sea rentable para muchas familias, obligándolas a abandonar sus tierras o a buscar otras fuentes de ingreso.
Desde la perspectiva del Movimiento Antorchista, el problema de fondo es que el campo ha sido tratado como un sector secundario dentro de la economía nacional. Las políticas públicas no han logrado garantizar precios justos ni condiciones adecuadas para la producción, lo que ha generado una dependencia creciente de las importaciones y ha debilitado la soberanía alimentaria del país.
El abandono del campo tiene consecuencias que van más allá de lo económico. Afecta la vida social de las comunidades rurales, genera migración hacia las ciudades y provoca el deterioro de las condiciones de vida de millones de personas. Cuando el campo se debilita, no sólo pierden los productores, pierde toda la sociedad.
Además, el sistema de comercialización actual favorece a intermediarios que compran los productos a precios bajos y los venden más caros al consumidor final. Esto significa que el productor recibe menos ingresos, mientras el consumidor paga más, evidenciando una cadena desigual que beneficia a unos cuantos.
Ante este panorama, es urgente replantear la política agrícola en México. Se requiere garantizar precios de garantía, acceso a créditos, apoyo técnico y condiciones que permitan a los productores competir en igualdad de circunstancias. Pero, sobre todo, se necesita voluntad política para colocar al campo en el centro del desarrollo nacional.
Sin embargo, estos cambios no se lograrán sin la organización del pueblo. Los campesinos deben comprender que su situación no es individual, sino parte de un problema estructural que sólo puede resolverse mediante la acción colectiva.
El campo mexicano no puede seguir siendo ignorado. Garantizar su desarrollo es fundamental para el bienestar del país y para asegurar el acceso a alimentos para toda la población.
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