Mucho se ha escrito y hablado con relación al recorte presupuestal, a la desaparición y a la sustitución tanto de programas de carácter social como de instituciones gubernamentales que existieron durante administraciones anteriores a la Cuarta Transformación. El argumento que, de manera reiterada, ha esgrimido el presidente López Obrador para adoptar tales medidas ha sido la corrupción.
Y, congruente con su idea de que el mal mayor de México es la corrupción, en días pasados anunció la creación del "Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado", que tendrá como función, además de la venta de "lo robado", restituir a la sociedad el daño causado por la corrupción y el robo, la reducción de trámites burocráticos en procedimientos relacionados con la enajenación o monetización de bienes y disuadir a servidores públicos de incurrir en ese tipo de conductas ilícitas. Mediante esta acción, según cálculos del presidente, se pretende obtener ingresos por mil 500 millones de pesos en un año, con los que se harán obras de infraestructura en los municipios más necesitados, aunque el presidente también ha enumerado otros rubros, tales como: apoyos directos a las sociedades de padres de familia para el mantenimiento de escuelas, compra de ambulancias y campañas como la del combate a las adicciones. Es decir, que el dinero mal habido vendrá a sustituir no solo a la desaparecida partida del Ramo 23, sino que además se pretende destinarlo a una diversidad de rubros que, al parecer, de pronto le vienen a la mente al Presidente, o sea, no hay un diagnóstico serio, por lo que lo más probable es que el recurso se disperse y los resultados sean muy pobres.
Para coronar la acción del citado Instituto, en cada obra que se realice "se le va a poner su plaquita que diga: esto se obtuvo del cártel fulano; esto se obtuvo de lo que se le quitó a tal político corrupto", según lo declaró el propio Presidente. ¿O sea que en el caso de los políticos y funcionarios públicos corruptos, ya no basta la pena de inhabilitación o la de suspensión para ejercer cargos y oficios públicos, tal y como lo señala el artículo 109 constitucional? ¿El escarnio público es una pena contemplada por nuestra legislación? Que yo sepa, no. Y si el presidente de la República se abroga así un "derecho", ¿qué podemos esperar de los ciudadanos, del "pueblo bueno"? No faltará mucho para que los actos inhumanos de desnudar, rapar, linchar y exhibir públicamente a presuntos delincuentes por parte de la ciudadanía se multipliquen hasta llegar a hacerse constumbre, hasta llegar a convertirse en "ley".
Para empezar a juntar dinero y devolverle al pueblo lo robado, el gobierno federal armó una subasta de autos de lujo que pertenecían a anteriores dependencias federales o que fueron incautados al crimen organizado. Según declaró el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), se subastaron 82 vehículos y se obtuvieron 28 millones de pesos. En caso de que lo obtenido por esta vía se aplique, como se dijo en un primer momento, solo en los municipios más necesitados, la verdad es muy dificil creer que el recurso alcance, ya que de acuerdo con el Coneval son cinco los municipios en donde toda la población vive en pobreza, es decir, carece de todo, además de que la mayoría se encuentra en zonas de difícil acceso, por lo que la inversión tendría que ser mucho mayor. Pero no solo existen municipios de ese tipo. Según cifras oficiales, hay por lo menos nueve municipios muy grandes que concentran el mayor número de pobres, en cuatro de ellos sus habitantes viven en pobreza extrema (Acapulco, Ecatepec, Ocosingo y Chimalhuacán). De ahí que sea inevitable preguntarse si la obtención de recursos vía subastas es la política más correcta y efectiva para abatir el rezago en que se encuentran millones de mexicanos. Evidentemente, no. Y, nuevamente, aparecen las medidas erróneas, no solo desde mi punto de vista, de haber desaparecido programas de carácter social y de haber recortado recursos a los municipios, entre otros argumentos, porque había "moches", corrupción, pues. En el municipio mexiquense de Chimalhuacán, por ejemplo, donde el 67% de la población vive en condiciones de pobreza, 44 mil familias ya no cuentan con el programa Prospera; la desaparición del Seguro Popular dejó sin atención médica a 320 mil afiliados; en cuanto a las obras y servicios, su construcción o introducción están inconclusos y otros muchos quedaron plasmados en sus respectivos proyectos. Este negro panorama es el que, desgraciadamente, priva a nivel nacional.
Resulta claro, pues, que la grave situación por la que atraviesa el país no se solucionará en tanto no se acepte que la pobreza es el mal que le afecta; la corrupción, en sus distintas modalidades, es tan solo una de sus consecuencia, más no la causa. Mientras exista pobreza habrá desigualdad y, en consecuencia, crimen (organizado o no) y corrupción, por lo tanto, hay que combatir las causas que la generan mediante una política verdaderamente eficiente que, en resumidas cuentas, consiste en: la creación de empleos, el mejoramiento de salarios, una política fiscal equitativa y la reorientación del gasto público hacia quienes más lo necesitan, que son la mayoría de los mexicanos. De otro modo, seguiremos sufriendo las consecuencias de una política efectista pero nada efectiva.
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