MOVIMIENTO ANTORCHISTA NACIONAL

Denuncian que menores de edad laboran en campos de Sinaloa

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  • El uso de identidades falsas no solo impide acceder a atención médica y compensaciones, sino que normaliza la violación de derechos laborales fundamentales

Culiacán, Sin. El Movimiento Unificación y Lucha Triqui denunció que al menos 50 menores de edad laboran en los invernaderos de Villa Juárez, Navolato, una de las principales zonas agrícolas del valle de Culiacán, debido a la falta de supervisión de las autoridades locales.

Sin embargo, la cifra podría ser mayor en otros puntos de la entidad dedicados a esta actividad. Lo hacen incluso trabajando en actividades agrícolas informales, sin protección y sin vigilancia.

“No hay control ni supervisión de parte de la Secretaría del Trabajo ni del sindicato. Aquí no te preguntan la edad ni te piden acta de nacimiento, solo que puedas hacer la labor”, acusó Juan López García, representante del movimiento.

Según su testimonio, los menores trabajan junto a sus familias en jornadas de 7 de la mañana a 11 o 1 de la tarde, con un pago que ronda los 350 pesos. Aunque para muchas familias esto representa un ingreso indispensable, también significa exclusión escolar y perpetuación de condiciones laborales precarias desde la niñez.

A la informalidad se suma el riesgo. Por ejemplo, los casos de accidentes laborales encubiertos por las propias empresas mediante el uso de documentos falsos.

“Un muchacho se cayó de un invernadero y trabajaba con el acta de otra persona. Legalmente, quien se accidentó no fue él, y la empresa se deslindó diciendo que no había pasado nada en su campo”, añadió.

El uso de identidades falsas –agrega– no sólo impide acceder a atención médica y compensaciones, sino que normaliza la violación de derechos laborales fundamentales.

“El gobierno lo sabe, pero no actúa. Hay menores trabajando, sin seguro, sin protección, sin futuro”, sentencia.

Mientras tanto, el ciclo agrícola se convierte en una trampa intergeneracional. Lo que comienza como una necesidad alimentaria termina por condenar a niñas y niños que, desde los seis u ocho años, ya saben cargar cubetas, pero no han aprendido a leer.

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